Hace cien años, este año, el entonces presidente Calvin Coolidge pronunció la que muchos consideran su frase más memorable. Cuando se le preguntó sobre el estado de la economía, el hombre de pocas palabras soltó, al menos para él, un torrente de palabras, pronunciando la frase famosa: “El negocio de los Estados Unidos son los negocios.” Era una garantía de que el país estaba en buena forma.
Claro que eso pudo haber sido así en 1925, cuando los ‘felices años veinte’ impulsaban la economía del país. Pero en el mes transcurrido desde que el presidente Trump promulgó su ‘gran y hermosa ley’, en lugar de alardear de nada, los líderes municipales y estatales se preguntan si es este presidente quien, de hecho, les está ‘dando la lata’.
Esta legislación —la gran y hermosa ley de Trump— ha recortado, en algunos casos drásticamente, la financiación de programas diseñados para ayudar a los más necesitados, obligando a los estados y municipios a tomar decisiones bastante dolorosas sobre sus propios recortes. Para agravar el desafío en Denver, la concejala Selena Gonzales-Gutiérrez declaró: “Prevemos un déficit de 200 millones de dólares.” Otros lo han estimado en cerca de 250 millones.
El costo total de la legislación recientemente firmada se estima en 3,4 billones de dólares durante la próxima década, cifra que supera los 4 billones de dólares al incluir los intereses de la deuda nacional. Algunos de sus componentes clave incluyen la reforma fiscal, la asistencia gubernamental y la política fronteriza y migratoria.
La mayoría de los economistas reconocen que los mayores beneficios favorecerán a las personas y empresas más ricas del país. Sin embargo, la legislación incluye disposiciones que eliminan los impuestos sobre las propinas y las horas extras. Cabe destacar que estas disposiciones expiran en 2028.
Sin embargo, los estados serán responsables de compensar los recortes en el SNAP, lo que antes se llamaba cupones de alimentos, Medicare y Medicaid. Gonzales-Gutiérrez afirma que es demasiado pronto para predecir cuándo la ciudad sentirá el impacto real de estos cambios, pero promete que llegarán. “Habrá un gran impacto en nuestra ciudad para quienes dependen de Medicaid,” predijo. Quienes lo sentirán primero, dijo la concejala general, serán las personas mayores, las personas con discapacidades y los niños que dependen de Medicaid para su atención médica, no solo para su salud física. Cree que otras repercusiones de la legislación resonarán entre las personas sin hogar, una población que sigue preocupando no solo a Denver, sino a todo el país. Todo lo que la ciudad ha estado haciendo para aliviar este problema, “se triplicará… veremos a más personas necesitando asistencia.”
AARP, una organización nacional que aboga por las personas mayores, afirmó que el proyecto de ley de más de 900 páginas también afectará duramente a las personas mayores, especialmente a los estadounidenses mayores de bajos ingresos. Si bien algunas disposiciones del proyecto de ley reducen temporalmente su carga fiscal, los recortes de Medicare y la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, así como los programas de asistencia alimentaria, se verán afectados. Los recortes a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como Obamacare, según predijo la Oficina de Presupuesto del Congreso, podrían causar que hasta 12 millones de personas pierdan su seguro médico para 2034. Sin embargo, las personas mayores podrían beneficiarse de una exención fiscal con la nueva legislación. El proyecto de ley contempla una deducción adicional de $6,000 para las personas de 65 años o más, lo que podría reducir sus ingresos imponibles, dejando su Seguro Social totalmente exento de impuestos.
Si bien el gigantesco paquete legislativo reduce la financiación para la atención médica y otros programas sociales, Gonzales-Gutiérrez señala que también destina cantidades sin precedentes de dinero a la aplicación de la ley migratoria y la política fronteriza.
Al elaborar el proyecto de ley, los republicanos destinaron una suma exorbitante de $170 mil millones a la aplicación de la ley migratoria y la seguridad fronteriza, una cantidad que incluye aproximadamente $75 mil millones de fondos adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El dinero pagará los salarios de hasta 10,000 nuevos agentes del ICE, a quienes ahora se les ofrece una bonificación por firmar de $50,000 y, en algunos casos, salarios de $100,000. Se trata de la mayor asignación de fondos destinada a la aplicación de la ley migratoria en nuestra historia, pero también se alinea perfectamente con la promesa del presidente de deportar a todos los que se encuentren en el país sin documentos, una cifra estimada en 12 millones.
Este ambicioso proyecto de ley incluye 45 mil millones de dólares para la expansión de una red de centros de detención en todo el país, incluyendo posibles sitios en Colorado, para albergar a adultos solteros y familias, incluyendo niños, para su futura deportación. Es posible que el ICE pueda detener hasta 100,000 hombres, mujeres y niños. Actualmente, se estima que el número de personas detenidas por el ICE es de 58,000.
“Es como si estuviéramos regresando a la época en que muchos de nuestros antepasados fueron deportados,” dijo Gonzales-Gutiérrez, ofreciendo un consejo a todos, incluidos los ciudadanos estadounidenses. “Desde el primer día, asegúrense de tener pasaportes y documentación. Ya ha sucedido antes; la historia está volviendo. ¿Qué nos hace creer que no puede volver a suceder?” Gonzales-Gutiérrez dice que es difícil conciliar el recorte que el gran y hermoso proyecto de ley hace a los programas destinados a ayudar a los menos capaces de ayudarse a sí mismos y, al mismo tiempo, faculta al gobierno para ejecutar un programa cuyo único propósito es perjudicar a tantas personas que simplemente buscan una vida mejor.
“Estos no son nuestros valores,” dijo. “Quienes ahora ostentan el poder están actuando así e intentan dañar a la gente. Seamos honestos: está deshumanizando a las personas de color.”
