La Corte Suprema de Estados Unidos finalmente actuó para evitar una injusticia continua contra el pueblo estadounidense y sus finanzas. En una decisión de 6 a 3, la Corte Suprema votó a favor de detener la implementación de la mayoría de los aranceles de Trump, clasificándolos como un impuesto no autorizado por nuestros representantes en el Congreso.
Los aranceles son un proyecto predilecto del presidente, que ha utilizado como instrumento de poder personal para manipular a otros según su capricho. Hasta ahora, ha estado imponiendo, cancelando, aumentando, disminuyendo o añadiendo aranceles uno tras otro sin tener en cuenta el orden comercial mundial ni siquiera nuestros acuerdos internacionales vigentes.
Al mismo tiempo, ha intentado convencer al público de que los aranceles son beneficiosos porque los costos adicionales los pagan los exportadores e importadores. Omite convenientemente el hecho de que algunos o todos los aranceles se añaden al precio de los productos importados que compramos.
Los aranceles son un impuesto y, como tales, son competencia del Congreso. Además, los aranceles afectan principalmente a los consumidores, especialmente a aquellos con menos ingresos disponibles, ya que se ven obligados a gastar una mayor parte de sus ingresos en las necesidades básicas, que suelen estar sujetas a este gasto adicional.
La imposición unilateral de aranceles por parte del ejecutivo forma parte de un patrón que favorece a los ricos a expensas de los trabajadores pobres y de la clase media. Este principio básico se refleja en la política fiscal de la One Big Beautiful Bill (OBBB) o la Ley de la Gran Belleza.
El aspecto más importante de la OBBB es la continuación de una importante reducción fiscal para los muy ricos. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) afirma que el efecto acumulado de la ley es un aumento de nuestra deuda nacional de unos 3.4 trillones de dólares durante los próximos diez años. Si sumamos la política de deportación de inmigrantes y su efecto en nuestra fuerza laboral, el déficit aumenta en otros 700 billones, totalizando un total de 4.1 trillones de dólares.
La primera novela que leí en mi infancia fue El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, escrita entre 1844 y 1845. Muy de cerca en mi lectura, se encuentra Las alegres aventuras de Robin Hood (1883), del autor e ilustrador Howard Pyle.
La historia de Robin Hood, del bosque de Sherwood en Nottinghamshire, Inglaterra, fue famosa en su época por robar a los ricos para dar a los pobres. Fue una lucha para resistir al tirano, alterar el estatus quo y encontrar alivio para la gente común frente a las condiciones creadas por los ricos y poderosos.
Aunque la historia de Robin Hood trata sobre un forajido, su mensaje fundamental proyecta las nociones de justicia social, equidad y valores humanos superiores. La defensa del débil contra el fuerte siempre ha cautivado la imaginación de la mayoría de los lectores jóvenes.
En cierto sentido, las virtudes y la lucha propias de Robin Hood en la actualidad ponen de relieve el desafío emergente de una tiranía retratada como un nuevo estatus quo. Ese estatus quo prioriza la generación de dinero y riqueza para unos pocos por encima de los intereses de la mayoría.
Ya se trate de exenciones fiscales para los ricos, aranceles para el ciudadano común o incluso una Junta de la Paz, un club que exige billones de dólares para entrar y quizás promete billones de un nuevo complejo turístico en Gaza, todo se reduce al dinero y a mantener otra característica importante de nuestra sociedad dividida.
La Corte Suprema actuó por instinto de supervivencia como institución constitucional. Sin embargo, fue un buen día para la democracia.
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