En California, particularmente en Los Ángeles, las redadas de ICE y la reacción inmediata de los residentes representan un punto de inflexión en el extraordinario esfuerzo del gobierno por eliminar a los inmigrantes latinos, incluso si son ciudadanos. ICE está descubriendo que no puede entrar y hacer lo que quiera, al menos con la comunidad latina de Los Ángeles y sus partidarios.
La tan publicitada presencia del ejército también genera confusión. Miembros de la Guardia Nacional de California cuestionaron abiertamente su presencia antes de que una mejor reflexión les permitiera retirarse.
Más importante aún es la noción de los inmigrantes como proveedores de trabajo duro como un concepto vivo. Las personas en el poder están comenzando a comprender que no hay sustituto para el trabajo duro, aunque generalmente pocos en el país lo entienden o lo aceptan como una de las principales prioridades que transforma vidas.
A lo largo de nuestra historia, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos han encontrado dignidad en el trabajo. Quizás no tenían otra alternativa porque la decisión de abandonar su país implicaba asegurar oportunidades con muchos riesgos.
La ola de devastación causada por la falta de mano de obra agrícola inmigrante latina debido al ICE está empezando a pesar sobre la clase política en Washington D. C. Un ejemplo de ello es el problema de los tomates importados de México. Dado que el 70 por ciento de los tomates y otros productos que se sirven en las mesas estadounidenses proviene de México, la administración Trump acusó al exportador de “dumping”, un término utilizado para reducir artificialmente el precio de un producto para que pueda competir deslealmente en el mercado. Por ello, ha impuesto un arancel del 17 por ciento a las importaciones de tomate, lo que ha provocado un aumento del 10 por ciento en el precio del producto en los supermercados.
El arancel está diseñado para beneficiar a los agricultores estadounidenses que acogen con satisfacción el aumento de precio, pero ¿con qué fin? Acabamos de ver a los agricultores del sur de Florida sembrar sus cultivos de tomates porque no hay mano de obra para recogerlos.
Hace algunos años, hubo un temor a la inmigración y los habitantes de Alabama vieron cómo sus tomates se pudrían en los campos porque los trabajadores migrantes se negaban a entrar al estado debido a sus nuevas leyes antiinmigratorias. Los agricultores habían intentado conseguir mano de obra nacional de diversas fuentes, pero descubrieron que no duraban porque el trabajo era “demasiado duro.” Ahora, la representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, junto con la representante demócrata de Texas, Verónica Escobar, han presentado la Ley de Dignidad de 2025, un paquete de reforma migratoria que permitiría, entre otras cosas, a los trabajadores indocumentados legalizar su estatus durante siete años sin disposiciones para la residencia ni la ciudadanía. Al igual que Salazar, los agricultores y políticos de los estados agrícolas muestran una especie de desesperación derivada de una experiencia económica negativa.
El nombre de la legislación implica no solo admitir la importancia de la mano de obra inmigrante para la economía estadounidense, sino también reconocer la ética laboral que caracteriza el papel de los inmigrantes latinos en el país. Sin embargo, no tiene en cuenta la intención más profunda de una administración que busca reducir drásticamente el número de latinos y sus hijos en Estados Unidos simplemente por ser latinos.
Existe un temor tangible al Destino Manifiesto a la inversa. Es decir, los resultados del despojo de las tierras y pueblos españoles y mexicanos para lograr la dominación continental se están deteriorando debido a la marcha latina hacia una mayoría demográfica. Las actuales políticas nacionales de deportación favorecen una huella mucho menor para la comunidad latina y el acceso de los inmigrantes latinos al trabajo. Al mismo tiempo, existe una gran necesidad de personas trabajadoras, necesarias para construir y mantener nuestra prosperidad.
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