Mientras el frenesí por la nominación del candidato Donald Trump comenzaba a crecer el verano pasado, el centro de convenciones rebosaba de toda la cursilería de campaña del momento. Pero los carteles que inundaban el lugar, junto con un coro de cánticos de aprobación, eran nunca vistos ni escuchados en ninguna reunión de nominación anterior.

Eran desagradables, eran racistas. “¡Deportación masiva ya!”, “¡Deporten a los ilegales YA!”. Pero más que eso, eran reflejos de la promesa de campaña que Trump hizo durante un mes y que ahora, como presidente, mantiene, incluso mientras el gobierno que supervisa está en cierre.

Los votantes de Trump estaban entusiasmados con las prometidas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades de todo el país. Pero las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses deploran la naturaleza a menudo desalmada y brutal de los agentes enmascarados.

Una reciente redada del Departamento de Seguridad Nacional en un complejo de apartamentos de Chicago parecía sacada de una película de Hollywood. En la oscuridad de la noche, agentes del ICE descendieron desde helicópteros, decenas de vehículos congestionaron las calles, se derribaron puertas a patadas y se desató el caos. Tanto inmigrantes como ciudadanos estadounidenses fueron detenidos o arrestados.

Imágenes similares de jóvenes y ancianos, hombres, mujeres y niños, incluso bebés, siendo arrestados y llevados a centros de detención se han convertido en el pan de cada día de los noticieros, con algunos detenidos trasladados a lugares tan lejanos como África.

Las redadas eran justo lo que muchos de los acólitos de Trump querían. Entonces algo sucedió y no estaban tan contentos. Su partido, al no conseguir todo lo que quería de los demócratas que no aprobaron un proyecto de ley de financiación, permitió el cierre del gobierno.

Luego la situación empeoró. Trump dio luz verde al plan del que antes negaba tener conocimiento. El Proyecto 2025, un plan para reducir el gasto público, orquestado por el director de la OMB, Russell Vought, entró en vigor.

Ambos se reunieron para finalizar un plan para reducir la fuerza laboral federal o, como dijo Trump, “eliminar la madera muerta, el desperdicio y el fraude.” El plan se centraría en hasta 750,000 empleados federales de “agencias demócratas,” como el IRS, la EPA, la FDA, el Servicio Forestal de EE. UU. y más.

Más aún, para el fin de semana, ocho estados, todos demócratas, incluido Colorado, sufrieron recortes repentinos de miles de millones de dólares federales destinados a diversos proyectos. En Colorado, 550 millones de dólares para proyectos de energía limpia simplemente desaparecieron.

Debido a la superposición entre el Servicio Forestal de EE. UU. y Colorado, Kristy Burnett, Gerente de Comunicaciones del Servicio Forestal Estatal, afirmó que aún es demasiado pronto para evaluar los efectos del cierre federal. Sin embargo, los empleados estatales, añadió, seguirán “trabajando a diario para servir a los residentes de Colorado.”

Se estima que la fuerza laboral federal de Colorado es de 50,000 personas, una cifra que se ha reducido desde que Trump asumió la presidencia en enero. Miles de empleados públicos fueron despedidos por Elon Musk, amigo de Trump, en su arrasadora campaña de DOGE. Pero casi todos los condados sufrirán las consecuencias.

Si bien Pueblo cuenta con menos de 700 empleados federales, según el concejal Dennis Flores, la pérdida de ingresos y la incertidumbre del cierre siguen siendo dolorosas. “Lo que Trump les está haciendo a los estados demócratas que no lo apoyaron en realidad perjudica a la gente,” incluyendo a quienes votaron por los republicanos. “Es una forma de crueldad.”

Un pilar del presupuesto que los demócratas no toleran es el recorte que los republicanos están haciendo a la atención médica. Sin embargo, los republicanos discrepan, argumentando que la causa fundamental del cierre es el deseo de los demócratas de extender los beneficios de salud a los inmigrantes indocumentados.

Los líderes republicanos, incluyendo al vicepresidente J. D. Vance, el líder del Senado John Thune y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, lo han declarado repetidamente al defender el cierre. Si bien puede haber algunas ambigüedades en sus posiciones, algunos inmigrantes, aunque no sean indocumentados, sí reciben beneficios de atención médica.

Los inmigrantes cubanos y haitianos, así como los ciudadanos de las Islas Marshall, Micronesia y Palaos, tienen derecho a ellos. Pero sugerir que una persona recién llegada o incluso una persona indocumentada con larga residencia califica, como dijo recientemente el vicepresidente, no es exacto.

Aun así, el argumento que utilizan los republicanos es que los demócratas están dispuestos a proporcionar miles de millones de dólares en atención médica a los “inmigrantes ilegales.” Sin embargo, en varias ocasiones durante la última semana, los presentadores de noticias de televisión han interrumpido a estos funcionarios para corregir la información sobre quiénes son elegibles y quiénes no para recibir beneficios de atención médica.

La realidad es esta: los inmigrantes indocumentados pueden obtener cierta atención médica bajo la ley EMTALA de 1986, firmada por el presidente Reagan. EMTALA, la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto, brinda atención médica de emergencia a todos los pacientes. EMTALA también cubre a todos los pacientes hospitalizados, tengan o no cobertura de Medicare o Medicaid.

Denver Health and Hospitals, que atiende a uno de los mayores números de pacientes de Medicare y Medicaid de Colorado, no se ha visto afectado hasta ahora por el cierre, dijo el Dr. Steve Federico, director de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias Externas. Además, Federico afirmó: “No pedimos a los pacientes que revelen su estatus migratorio como parte del proceso de atención.”

Al justificar los recortes a la atención médica, los republicanos quieren impedir que los hombres mayores de 18 años sin discapacidades reciban Medicaid. “Cuando se obliga a los jóvenes a trabajar les beneficia,” dijo. Hay muchos recortes en el presupuesto en los que ambos partidos difieren. Pero ninguno es más importante que el de la atención médica.

Los republicanos han votado para recortar hasta 1.1 billones de dólares en el gasto federal en atención médica durante la década. Los recortes reducirían el gasto en Medicare, Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Los demócratas califican los recortes de drásticos y provocarán que hasta doce millones de estadounidenses pierdan su seguro médico para 2034.

Los demócratas quieren extender las primas de atención médica proporcionadas a través de la ACA y mantener los costos del seguro en los niveles actuales. Actualmente, estos subsidios expirarán a finales de año. Si el presupuesto republicano se mantiene, las primas, según los demócratas, podrían aumentar cientos, si no miles, de dólares en 2026.

El presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, afirmó que hay “cero posibilidades” de que su partido ceda ante los demócratas en el tema de Medicare y la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Con mayorías en ambas cámaras, los demócratas saben que se encuentran en una batalla muy difícil.