Carta a la editora:
Tina Peters es una delincuente convicta y negacionista electoral. Interfirió ilegalmente en nuestras elecciones e intentó socavar la voluntad de los votantes de Colorado al servicio de Donald Trump – otro delincuente convicto y negacionista electoral.
Durante la audiencia de sentencia, el juez del Tribunal de Distrito Matthew Barrett le dijo a Peters, “Sus mentiras están bien documentadas… Estoy convencido de que lo volvería a hacer todo si pudiera.” El juez Barrett sentenció a Peters a nueve años de prisión, aunque el Tribunal de Apelaciones de Colorado dictaminó posteriormente que dicha pena era demasiado severa. La nueva sentencia estaba pendiente.
En las últimas 24 horas, el gobernador Jared Polis concedió la clemencia a esta delincuente convicta y negacionista electoral impenitente. Su decisión es un desconcertante enigma bipartidista que ha acaparado titulares a nivel nacional e internacional. Tanto demócratas como republicanos están expresando su profunda insatisfacción y rechazo ante la decisión de Polis. Sencillamente, no existe justificación alguna para conceder la clemencia a alguien tan desafiantemente impenitente.
Abundan las especulaciones sobre los motivos que impulsaron a Polis a actuar; gran parte de ellas giran en torno a un intento de apaciguar a Trump. De ser cierto, Polis no ha aprendido nada sobre los dictadores: a ellos no se les puede apaciguar.
Por mi parte, me tiene sin cuidado cuál sea su razonamiento. No hay excusas. Su decisión constituye, además, un acto de desacato a un sistema de gobierno ordenado – un desacato a los veredictos de los jurados, a las sentencias judiciales y a las leyes electorales que protegen nuestro derecho más fundamental: el derecho al voto. Podría haber aguardado a que se dictara la nueva sentencia. Sin embargo, desafió también ese proceso.
Como demócratas de Colorado, debemos demostrar a la nación y al mundo que incluso los gobernadores pueden ser llamados a rendir cuentas. Si Polis pretende avergonzar a nuestro estado con esta decisión deplorable, entonces debería ser censurado públicamente por el Partido Demócrata de Colorado. No debemos cargar nosotros con la mancha de sus decisiones inaceptables. Por el contrario, nos corresponde a nosotros demostrar que Colorado sigue creyendo en un sistema de gobierno ordenado.
Con esta decisión, Polis ha sellado su legado. Los demócratas de Colorado deben desmarcarse de Polis y oponerse a él. Una censura pública por parte de su propio partido generaría la vergüenza merecida, garantizaría una rendición de cuentas significativa y enviaría un mensaje inequívoco: el abuso del poder de clemencia en Colorado tiene consecuencias.
No somos impotentes, a menos que elijamos serlo.
Joseph Salazar – Exmiembro de la Cámara de Representantes (2013-2019)
Nota de la editora:
A partir del lunes 18 de mayo, se presentó una queja formal ante el Partido Demócrata de Colorado contra el gobernador Polis. La queja solicita una censura pública.
