La era de “todo como siempre” podría haber llegado a su fin en nuestro cumpleaños, el cumpleaños de la nación. Las velas se apagaron el 4 de julio, cuando el presidente Trump, con un fondo de congresistas republicanos, firmó la legislación que él mismo denominó su “gran y hermosa ley.”
La legislación, de más de 900 páginas, marcó un cambio en la forma en que funciona el país, especialmente para los estados y ciudades, quienes son los supervisores encargados de garantizar que los trenes funcionen a tiempo.
Con la firma del presidente, una cursiva surrealista que ya todos conocen, pero pocos pueden interpretar con precisión, se reorientó la forma en que se distribuirá el dinero federal.
Para los estados que dependen de una cantidad fija de dinero federal para financiar escuelas, construir y mantener carreteras y puentes, gestionar la salud pública y, en general, mantener un cierto grado de previsibilidad en la vida cotidiana, la “gran y hermosa ley” fue una llamada de atención. La legislación recortó drásticamente los fondos previstos para diversas cosas, desde el SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), el programa diseñado para brindar asistencia alimentaria a familias de bajos ingresos, hasta Medicare y Medicaid, programas con décadas de antigüedad que abordan la salud de las personas mayores y las familias de bajos ingresos.
Los recortes a los programas de servicios sociales, como el SNAP, el WIC (Programa para Mujeres, Bebés y Niños), Medicare y Medicaid, podrían ser devastadores para millones de estadounidenses que dependen de ellos para su supervivencia básica. Se estima que los recortes combinados a estos programas ascienden a 1,75 billones de dólares. Las ciudades ahora se preguntan cómo se adaptarán a esta nueva y simplificada forma de operar.
Steve Nawrocki, director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de Recursos para Personas Mayores de Pueblo, afirma que la aprobación de la nueva legislación ha puesto a su organización – que ya enfrenta enormes desafíos fiscales – en apuros para adaptarse a esta nueva era de austeridad.
“El año pasado recortamos medio millón de dólares” de su presupuesto operativo, declaró Nawrocki. La legislación favorita de Trump, la BBB, implica una vez más recortes en programas, incluyendo Meals on Wheels, un programa que entrega comidas a personas mayores de bajos ingresos que a menudo están confinadas en sus hogares o no tienen otra forma de salir a comprar sus propios alimentos.
En los últimos años, dijo el expresidente del ayuntamiento de Pueblo, Meals on Wheels ya había sido recortado. “Teníamos repartos los siete días de la semana… y entre trescientas y cuatrocientas paradas.” Hoy, esa cifra es la mitad.
Pero no es solo el reparto de comidas lo que convierte al programa en un salvavidas. “Ese repartidor podría ser la única persona con la que tienen contacto.” Si bien a los conductores se les dice que mantengan un horario, “siempre los hemos animado a detenerse y hablar. A veces, la gente está desesperada por hablar con otra persona.”
Incluso antes de la aprobación de la ley presidencial del 4 de julio, muchas ciudades estadounidenses se enfrentaban a sus propios desafíos fiscales. En Pueblo, la alcaldesa Heather Graham advirtió recientemente que la ciudad se enfrentaba a un déficit presupuestario de 25 millones de dólares. Insinuó la idea de un aumento de impuestos del uno por ciento que los votantes podrían decidir en noviembre.
Si bien el déficit es grave y debe abordarse, Dennis Flores, del Ayuntamiento de Pueblo, dijo que el BBB es un factor agravante. La pérdida de fondos del SNAP, los recortes en Medicare y Medicaid y la necesidad de gestionar los asuntos cotidianos de la ciudad, que dependen de subvenciones del gobierno federal para cubrir los costos de tantas de estas cosas, “realmente no se conoce el impacto.”
Pero aunque el impacto pueda ser desconocido, dijo Flores, existen algunas estimaciones muy realistas para las que no solo Pueblo, sino ciudades de todo el país ya se están preparando.
Medicare y Medicaid “han estado apoyando a los hospitales durante mucho tiempo,” dijo el jubilado asegurador. Con los recortes de fondos anunciados, “verán el cierre de hospitales remotos.” Con la desaparición de las opciones médicas existentes en comunidades más pequeñas, las ciudades centrales, como Pueblo, serán destinos obvios para quienes buscan atención médica. “Veremos una afluencia” en los hospitales de Pueblo, incluyendo visitas a urgencias, “que son más caras.”
Otro impuesto que se está considerando es uno que ha estado en los libros de Pueblo durante 40 años. Se trata de un impuesto sobre las ventas de medio centavo que financia los esfuerzos de la Corporación de Desarrollo Económico de Pueblo para atraer nuevos negocios a Pueblo.
Flores dice que no le gusta la propuesta de la alcaldesa de aumentar el impuesto sobre las ventas. Pero mantener el impuesto sobre las ventas de medio centavo ha demostrado su eficacia para traer crecimiento económico a la ciudad.
